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Economia

Gobierno presenta plan de obras para acceso y salida rápida del Área Metropolitana

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Asunción, Agencia IP.- El Ministerio de Obras Públicas (MOPC) firmó los contratos para la ejecución vía alianza público-privada de duplicación de rutas y la construcción de una autopista urbana elevada de 4km, que beneficiará a cerca de 1,3 millones de personas que ingresan diariamente a la ciudad capital.

La principal obra corresponde a la autopista elevada de 4km que conectará a las Avenidas Ñu Guasu y Silvio Pettirossi en el distrito de Luque.

A esta se suman las obras de mejora en los corredores de acceso a la Ruta PY02 en el km 41, que incluye un acceso entre Ypacaraí, Areguá y Luque, con una variante en Areguá para agilizar el tránsito.

El otro corredor será el que conecta Ypacaraí, San Bernardino y Luque en la zona de Tarumandy y que inicia en el km 43 de la Ruta PY02. Contempla la duplicación de carriles en el ingreso a San Bernardino, mejoras urbanas dentro de la ciudad y ampliación de carriles en puntos críticos del tramo conocido como Ecovía. También se incorporarán carriles de giro y accesos directos a Nueva Colombia y a la ruta PY02.

Ambos corredores integrarán la Red Vial Estructurante de Accesos, que se enlazará con las avenidas Ñu Guasú y Silvio Pettirossi, beneficiando a pobladores de Luque, Areguá, Nueva Colombia, San Bernardino, Ypacaraí y Emboscada.

Será la obra de intervención vial urbana más grande en la historia del Paraguay, señaló el presidente de la República, Santiago Peña.

Ejecución vía alianza público-privada

La ministra del MOPC, Claudia Centurión, realizó la firma de contratos con la empresa Rutas del Este para la ejecución de las obras que tendrán un plazo de 3 años una vez iniciadas. La inversión estimada es de USD 180 millones.

Este será el primer proyecto a ejecutarse bajo la nueva ley de alianza público-privada (APP), sancionada por el Congreso y promulgada por el Poder Ejecutivo en el mes de enero de este año.

La ley que derogó la anterior normativa sobre APP del 2013 amplía la participación del Estado en un 25% en este tipo de proyectos, de manera a tener una mayor influencia. También se incorpora a la Procuraduría General de la República como órgano de supervisión y control.

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