Alianza para reforzar la transparencia y lucha contra la corrupción

El Ministerio de Justicia (MJ) y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) sellaron un acuerdo para promover la profesionalización y capacitación de funcionarios públicos y el fortalecimiento interinstitucional en el ámbito de sus competencias, conforme al marco legal que las rige.

El documento fue rubricado por el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, y la presidenta del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Alicia Pucheta.

Este instrumento tiene por objeto establecer las bases y condiciones para la cooperación y asistencia recíproca entre las partes, sobre las cuales formularán e implementarán actividades, proyectos y políticas orientadas a la promoción de la transparencia, la lucha contra la corrupción, así como de la rendición de cuentas públicas, la integridad, igualdad y civilidad.

“Que hoy estemos aquí firmando este convenio es el inicio para otros grandes desafíos que tenemos. Nos entusiasma su presencia, su apoyo y su concepto hacia nuestro trabajo”, remarcó Nicora.

Agregó que el Ministerio habilitará próximamente, en su totalidad, tres nuevos centros penitenciarios, por lo que una política criminal y penitenciaria que busca que la aplicación de la ley realmente sea efectiva para atacar el problema de fondo “ nos conlleva a analizar y pensar cómo podemos mejorar nuestro sistema de justicia, y allí, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados es clave”.

A su vez, Pucheta retribuyó expresó que “me siento en casa suscribiendo este acuerdo. Comulgamos con respecto al estado social de derecho, sobre todo en el área que está cumpliendo usted con eficiencia”.

Respecto al compromiso de las partes, el Ministerio de Justicia se compromete a asesorar en materia de Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y Medios Alternativos de Solución de Conflictos (MASC).

Así como proporcionar asistencia técnica y manejo de herramientas de información pública para el Acceso a la Información Pública y capacitar a los funcionarios del JEM en transparencia gubernamental y ley del Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública.