Libertad de expresión en Paraguay, con amenazas y leyes pendientes

Si bien hasta el 2023 se registraron 21 asesinatos de periodistas, estos trabajadores siguen esperando aprobación de leyes y mejores condiciones de trabajo que garanticen su derecho básico.
Paraguay confronta actualmente diversas amenazas a la libertad de expresión y de prensa, relacionadas no solo a casos de violencia contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos, sino también a situaciones de precariedad laboral.
Trabajadores de medios de comunicación de todo el país sufren agresiones, como recoge el Sindicato de Periodistas del Paraguay y otras organizaciones, como la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), pero principalmente los periodistas de la frontera, que trabajan bajo la amenaza del crimen organizado.

Por ese motivo, fue presentado ante el Senado un proyecto de ley de protección a periodistas y defensores de derecho humanos, pero años después la norma continúa sin tratarse, en manos de la Comisión de Derechos Humanos, al mando del senador cartista Mario Varela.

El proyecto contempla protocolos e incluso disposición de recursos para la defensa de este derecho fundamental, que es la libertad de expresión. No obstante, no hay mayoría para su inclusión en el orden del día y posterior aprobación.

Además, la Codehupy y el SPP presentaron el pasado viernes dos anteproyectos relacionados a medidas de reparación y no repetición establecidas en el caso de Santiago Leguizamón, periodista asesinado por el narcotráfico el 26 de abril de 1991 en Pedro Juan Caballero.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado paraguayo por su “responsabilidad internacional” en la violación de los derechos humanos por el homicidio de Santiago Leguizamón Zaván.

El primer anteproyecto refiere a la instalación del “Premio Santiago Leguizamón” al periodismo de investigación y derechos humanos.

El segundo establece la conformación del grupo de trabajo para la investigación los casos de todos los periodistas asesinados desde 1989.

En Paraguay, fueron asesinados 21 periodistas desde 1991 hasta la actualidad. Los últimos tres casos son el de Leo Veras, asesinado en 2020; de Humberto Andrés Coronel Godoy, asesinado en 2022, y de Alexander Álvarez, asesinado en 2023. Todos en Pedro Juan Caballero.

Además, el observatorio de la Mesa para la Seguridad de Periodistas, con datos del SPP, registra hasta la fecha más de 600 casos de agresiones a periodistas en todo el país.

Durante la gestión de Santiago Peña además se dieron ataques a la prensa como línea de gobierno, que generaron un ambiente hostil debido a las agresiones discursivas y en algunos casos, físicas, como las cometidas por el diputado Yamil Esgaib contra trabajadoras de prensa críticas, en la misma sede del Legislativo.

Desde el presidente de la República hasta ministros y legisladores han seguido esta línea discursiva que ubica a los medios de comunicación críticos al Gobierno como los enemigos, todo en medio de casos de agresión a periodistas en instituciones públicas.

El mensaje más potente y que marcó la cancha provino de Peña, quien incluso increpó a un periodista por la línea editorial de su medio. Anteriormente, incluso cuestionó las tapas de diarios y pidió que compitan en elecciones, confundiendo el rol del periodismo, al que hasta le pidió equilibrio.

En agosto de 2023, además, la Fiscalía envió a los diarios Última Hora y ABC Color un oficio con carácter intimidatorio que exigía revelar al autor de un artículo que publicaba sobre pagos mensuales que empresas de Horacio Cartes otorgaban a Óscar Boidanich, ex titular de Seprelad.

Otro hecho reciente fue la filtración de conversaciones de WhatsApp del fallecido diputado Lalo Gomes en la que se expone que influyó junto con fiscales, en la liberación del sospechoso del asesinato de Leo Veras, que está prófugo.

Finalmente, el SPP denuncia la precarización de los trabajadores de prensa en los medios de comunicación que afectan la calidad informativa.

La ciudadanía pierde cuando se acalla la voz de un periodista. El Estado debe investigar todos los casos. Dante Leguizamón, director de Codehupy. uh