“El financiar campañas políticas permite lavar mucho dinero sucio”

El peligro de cómo las mafias van permeando en la política y las consecuencias nefastas que tiene esto para las democracias es objeto de análisis por parte del asesor colombiano, quien cuenta la experiencia de su propio país.

El consultor político colombiano Juan Fernando Londoño, considerado uno de los principales expertos en temas de gobernabilidad y fortalecimiento democrático, visitó Paraguay para realizar una serie de actividades sobre el control al financiamiento político y habló con ÚH sobre la amenaza que representan los mafiosos que se hacen políticos o financian campañas.

–¿Qué peligro conlleva el descontrol al financiamiento político?

–Bueno, lo vivimos en Colombia. El peligro es que las mafias y el dinero ilegal terminen permeando la actividad política y lleguen al poder, y obviamente eso distorsiona totalmente el proceso político y democrático. El mayor riesgo de nuestros países es la infiltración criminal en la política, y luego, por supuesto, la existencia de intereses demasiado poderosos que terminen desbalanceando el equilibrio de poder en democracia, por lo que deben ser contrarrestados para garantizar que tengamos una sociedad pluralista y democrática.

–Luego del fenómeno Pablo Escobar en Colombia, ¿qué sucede en la política y los grupos criminales?

–Los sucesores de Pablo Escobar, que son el cartel de Cali, entendieron la lección, y ya no se metieron en política directamente, sino que hicieron que los políticos sean sus amigos, financiar campañas permite lavar dinero sucio, entonces se infiltran, comienzan a comprar parlamentarios y financian la campaña presidencial de Ernesto Samper en 1994, pusieron USD 6 millones para que pueda ganar la segunda vuelta, pero esto se descubre y fue un gran escándalo conocido como el Proceso 8.000. Y aunque el presidente fue absuelto en un juicio político, muchos congresistas terminaron en la cárcel. Esta segunda etapa fracasa y luego viene una tercera.

–¿Cómo se da esto?

–Esta etapa es la que se conoce como la parapolítica. Estos se concentraron en el poder local, las alcaldías, comprando a los políticos y matando a los que no se vendían. Los paramilitares pedían cuotas a los políticos o les financiaban las campañas para luego obtener los contratos públicos. Esto también se descubrió a través de investigaciones periodísticas que descubrieron pactos como el de Santa Fe de Ralito.

–¿Qué instituciones se fortalecieron para combatir este fenómeno?

–Lo más importante fue fortalecer la administración de Justicia, porque en los ochenta mataban a los jueces que procesaban a Pablo Escobar. Entonces se creó la institución llamada Jueces sin Rostro, que llevaban los casos sin revelar su identidad para no ser asesinados. Se fueron fortaleciendo además los organismos de seguridad del Estado y creando una institucionalidad para tratar de controlar esa infiltración de dinero ilegal en la política, pero sobre todo, la conciencia en la sociedad del peligro que esto representa… Mientras haya narcotráfico y economía ilegal va a ser imposible terminar con el problema de fondo. Va a haber esa permanente posibilidad de relación con la política, porque es un muy buen negocio para lavar activos, tener información para cuidar sus negocios.

–¿Cuál es el panorama en América Latina en cuanto a la tendencia a controlar el financiamiento de las campañas políticas para que no ingrese dinero ilícito?

–En América Latina hay una creciente demanda por transparencia y por una mayor responsabilidad de los partidos y los dirigentes políticos, y eso se ve reflejado en esquemas cada vez más exigentes en torno al financiamiento político. Los ciudadanos, de algún modo, consideran que si no saben de dónde viene la plata con la cual se financian las campañas de los políticos es porque hay algún interés oscuro detrás, de tal manera que se ha generado una presión creciente en la región para formar esquemas de financiamiento más transparentes, accesibles a los ciudadanos, y mayores niveles de sanción a quienes incumplen estas reglas.

–En nuestros países se ha visto y comprobado el acceso a la política de varias personas ligadas al crimen organizado. ¿Cómo ve este proceso en la región?

–Creo que ese es, sin duda, el mayor riesgo de un financiamiento político que no sea transparente. En la medida que el financiamiento en la política sea más opaco, es mucho más fácil para las organizaciones ilegales y criminales infiltrarse en la actividad política. Hay casos paradigmáticos como el de Colombia precisamente o el de México, donde el dinero de la ilegalidad permanentemente busca permear la política, y de allí la importancia del esfuerzos que se encaminen en diferentes direcciones.

–¿Cuáles son estas direcciones?

–Primero generar más transparencia e ir exigiendo esquemas de rendiciones de cuentas a los partidos sobre el origen de sus recursos. Segundo, tener esquemas de regulación del dinero público y privado que realmente contribuyan a esa transparencia y seguridad; y tercero, tener mecanismos de sanción y actuación del Poder Judicial que permita que sean castigadas las acciones que se encaminen a permitir el ingreso de ese dinero ilegal.

–¿Cómo evaluaría la situación actual en nuestros países, estamos aún mal en este aspecto o mejor?

–Yo creo que estamos mejorando, sobre todo, porque existe en la región una ciudadanía cada vez más activa y unos medios de comunicación cada vez más críticos, que son la base de una demanda creciente de transparencia a los políticos. Mientras los ciudadanos y medios sigan con esta actitud crítica de demandar mayor responsabilidad y transparencia a los gobernantes vamos a seguir avanzando, en muchos casos a contrapelo de lo que quieren los políticos.

–¿Qué opina sobre los topes de gastos de campaña?

–Los topes son necesarios en la mayoría de las democracias porque son mecanismos de equilibrar la competencia política, si no hubiese topes, aquellos que pueden gastar más gastarían en forma casi infinita, como sucede en EEUU, y lo segundo es que los topes tienen que ser realistas. Cuando se establecen topes demasiado bajos, normalmente, lo que produce es que los políticos mientan. Entonces son necesarios, pero deben ser realistas.

–¿Qué piensa de los subsidios a los partidos? Hay países que han eliminado este sistema.

–Los sistemas mixtos (dinero público y privado) han demostrado ser la mejor opción. De hecho, en la región solamente Venezuela y Bolivia impiden el financiamiento público y yo creo que no son ejemplos de democracia en la región. Eliminar el financiamiento público es un acto de populismo y lo que hace muchas veces es quitarle recursos a la oposición política. Lo importante del financiamiento público es que llegue a tiempo y cumpla su labor eficaz. Lamentablemente, llega un tiempo después de la campaña política y entonces no cumple ningún papel en función de la transparencia o la promoción de la equidad, así que necesitamos financiamiento público, pero bien diseñado para que consiga sus objetivos.

–¿Deberían cobrar antes?

–Yo creo que el financiamiento público debe ser anticipado, porque cuando se hace una campaña y se paga luego, en la práctica fueron los privados los que te financiaron la campaña, entonces el subsidio es como un premio… Por eso en muchas de nuestras democracias cada vez hay más ricos haciendo política porque son los únicos que pueden alcanzar esas aspiraciones con dinero propio o el de los intereses que representan. UH