Itaipu advierte de inviabilidad de proyecto que reclama compensación para exobreros de contratistas

Asunción, Agencia IP.- El director de Itaipu lado paraguayo, Manuel María Cáceres, señaló que el proyecto de ley que pretende un pago compensatorio para exobreros de empresas contratistas de Itaipu es inviable en cuanto al monto exigido y los mecanismos de pago.

El reclamo es de unos 15.000 exobreros de empresas que realizaron servicios para la Itaipu Binacional. Estos empleados nunca tuvieron relación laboral directa con Itaipu, sino que fueron empleados de empresas que realizaron trabajos para la binacional, aclaró.

Además, Itaipu cuenta con las notas reversales aprobadas por los congresos de Paraguay y Brasil que dejan sin efecto cualquier corresponsabilidad, dijo el director este lunes en conferencia de prensa.

El proyecto se encuentra actualmente en la Cámara de Diputados, tras su aprobación por el Senado la semana pasada, de manera a aprobar el pago de indeminización para exobreros de empresas contratistas y subcontratistas con Itaipu Binacional.

El monto de indemnización se estima en unos US$ 900 millones, que representa un monto inmenso, dijo Cáceres. Este desembolso representa dos años de aportes al Estado en concepto de royalties, o la totalidad de lo invertido por la binacional para su proceso de actualización tecnológica, que durará 14 años, dijo Cáceres como ejemplo.

Otra cuestión que vuelve inviable al proyecto es que la aprobación del Congreso paraguayo obliga unilateralmente a Itaipu a financiar los pagos compensatorios, cuando la autorización de un pago de este tipo se realiza mediante aprobación del Consejo de Administración Binacional.

«Estas decisiones se toman en el Consejo de Administración, conformado por ambas márgenes, por lo que una decisión unilateral que obligue a una de las partes a realizar este desembolso es inviable».

El director de Itaipu señaló que se está en condiciones de dialogar con los congresistas, pero en caso de su sanción por el Congreso el proyecto sería vetado por el Poder Ejecutivo, y la binacional podría solicitar la declaración de inconstitucionalidad del referido proyecto.