La SIP analiza borrador sobre desafíos digitales, en Salta

En la apertura de la Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa ( SIP) se presentó ayer en esta ciudad Argentina, un borrador que posiciona un debate sobre los desafíos de la tecnología digital en el periodismo del nuevo milenio. La presentación fue hecha por el propio titular de la SIP, Gustavo Mohme.

El documento en proceso de estudio plantea que, “no obstante, el impacto positivo de las tecnologías digitales de la información y la comunicación, las amenazas y los ataques a las libertades de expresión y de prensa no han cesado. Los abusos y el mal uso de ellas han potenciado la censura, el bloqueo de contenidos, la vigilancia, el acoso, las campañas de descrédito y otros tipos de violencia estatal o privada contra usuarios, periodistas y medios de comunicación”. Advierte que en este contexto existen riesgos para la libertad de expresión como “el exceso de regulaciones estatales, la diseminación maliciosa de desinformación, ataques cibernéticos de diverso origen, un nuevo entorno con actores que ejercen un poder sustantivo en la circulación de información y una preocupante brecha digital dentro de las sociedades y entre países”.

Ante estos retos, quienes defendemos las libertades de expresión y de prensa, convencidos de que estas no son una concesión de las autoridades sino derechos inalienables de las personas y de que el acceso al internet es un derecho humano, estamos llamados a proteger y promover el libre flujo de la información sin importar la plataforma por donde esta se propague.

LLAMADO A GOBIERNOS

El borrador plantea que “los gobiernos deben abstenerse de adoptar regulaciones en exceso o especiales ante expresiones en línea que se encuentran protegidas por el derecho a la libertad de expresión y de imponer sanciones agravadas ante normas que ya están incluidas en la legislación existente. Tampoco deben penalizar la crítica, la información o la protesta en contra de los funcionarios públicos sobre asuntos de interés público o contra personas que voluntariamente se exponen al escrutinio de la sociedad. En todo caso, los reclamos deben ser de carácter civil.

Indica que “el bloqueo y filtrado de contenidos, tanto por control estatal como por imposición a los intermediarios tecnológicos o por decisión de estos operadores, constituye censura previa, salvo que se trate una expresión no protegida por el derecho a la libertad de expresión y cuente con orden judicial.

Advierten sobre vigilancia de gobiernos. El documento que se estudia en la presente Asamblea plantea que “las autoridades no deben utilizar mecanismos de vigilancia digital que vulneren las libertades y la privacidad de los ciudadanos, excepto en casos en que se persiga un fin legítimo apegado a estándares de derechos humanos y bajo supervisión judicial. La vigilancia masiva no es aceptable en ningún caso.

PRIVACIDAD VERSUS LO PÚBLICO

El punto 9 del borrador expresa que “la protección de datos personales y la privacidad de los usuarios son derechos fundamentales, pero estos no deben restringir ni limitar la circulación de información de interés público. La supresión o desindexación y enmienda de información sobre hechos de interés público atentan contra el derecho ciudadano a informarse y preservar la memoria colectiva. Este documento está siendo trabajando en el curso de la Asamblea hasta el lunes 22.
LA NACION